Ante la anunciada voluntad de presentar en el Congreso de la Nación un nuevo proyecto que pretende legalizar el aborto, organizaciones defensoras de los derechos humanos fundamentales -como el derecho a la vida- nos hacemos eco de este nuevo intento que desoye la opinión ya expresada del parlamento y la sociedad en las calles.
Frente Joven, organización integrante de Unidad Provida, advierte este nuevo despropósito de gastar el tiempo y los recursos de la política en un debate que de ningún modo responde a una genuina demanda social, por el contrario, esconde los verdaderos problemas que atraviesa la Argentina.
Resulta ofensivo utilizar el día de la salud de la mujer para insistir en falsas soluciones a la problemática de la mortalidad materna.
Esconder la apertura indiscriminada a esta práctica asesina hasta los nueve meses, anunciando como un derecho la eliminación de personas hasta las 14 semanas de gestación, incorporar personal de salud no idóneo para realizar o supervisar abortos, con la tácita intención de distribuir indiscriminada y masivamente misoprostol, en nada soluciona las principales causas de muertes maternas, la vulneración de los derechos del niño por nacer, los persistentes casos de abusos a menores, la libertad de la que gozan los violadores, y la persecución ideológica a la que están sometidos los médicos.
Desde que el aborto intenta imponerse en la Argentina, con partidos y grupos de presión que responden a intereses ideológicos y económicos extranjeros, se registraron muertes provocadas directa y exclusivamente por el aborto no punible, como evidencia la vida perdida de Keyla Jones.
También se ha pisoteado el derecho a la vida de muchas mujeres por nacer a causa de los protocolos de la muerte. Prueba cabal de esto son los casos de Paz, abortada el 7 de diciembre de 2018 en Concordia; el caso de Esperanza, abortada el 23 de enero en Jujuy; el caso Faustina, muerta el 8 de marzo en Tucumán; y el caso de las dos víctimas, una de ellas descartada el 3 de abril en San Juan, en todos los casos con la connivencia del poder político y judicial.
Igual de grave es el hostigamiento a los profesionales de la salud que buscan actuar de acuerdo a los preceptos científicos de su disciplina y la ley vigente. Es de una gravedad inusitada la condena al doctor Leandro Rodríguez Lastra, quien recibió a una joven de 19 años que se había autoprovocado un aborto y corría riesgo de muerte; hizo lo necesario para rescatar a la madre y al niño en gestación, y hace pocos días fue condenado en juicio oral y público por salvar las dos vidas. De quedar firme este fallo habido en la ciudad de Cipolletti, Río Negro, este ginecólogo habrá sido condenado a dos años de prisión e impedido de ejercer su profesión. Y más aún, se generará una inestabilidad jurídica que dificultará el ejercicio de la medicina y promoverá nuevas persecuciones y atropellos al derecho humano de la objeción de conciencia.
De igual modo, es preocupante el acoso a todo proyecto que busque salir de la dialéctica de enfrentamiento que propone el colectivo abortista para atacar los problemas de las mujeres, como el 0800 de ayuda a la Maternidad Vulnerable, al cual lograron quitarle el apoyo gubernamental, pero que igual continúa vigente con el soporte de cientos de organizaciones de la sociedad civil.
Como organizaciones promotoras de los derechos humanos fundamentales, insistiremos en las calles y en los pasillos del Congreso para evitar un nuevo fracaso social y un mero intento de maquillar y ocultar los desafíos que tenemos por delante como sociedad. Los argentinos dimos el debate pagando el duro costo de sufrir divisiones y dejar de lado temas realmente prioritarios. Es hora de dar soluciones reales a las necesidades de la salud de las mujeres: acceso y calidad, de enfrentar la inflación, la falta de trabajo, de educación y seguridad. Unámonos de una buena vez y avancemos. Hay demasiadas vidas que salvar.