Informe del Equipo de Incidencia Política de Frente Joven
Aunque la mayor propuesta abortista de las organizaciones internacionales parecía ser el Ministro de Salud Ginés González García, en los últimos días pudimos vislumbrar un caballito de batalla oculto: Daniel Arroyo, responsable de la cartera de Desarrollo Social. Más que un simple licenciado en Ciencias Políticas, nos encontramos frente a un consultor externo de CEPAL y del BID (Banco Interamericano de Desarrollo)[1], coordinador de distintos programas ProAme (BID) y PNUD[2], director de investigación de distintos proyectos del Banco Mundial, entre otros[3].
Esto no sería tan relevante de no ser que el pasado 2 de abril, este último ente financiero, le otorgó a nuestro País un préstamo de emergencia para “paliar” al coronavirus. Con el objeto de adquirir nuevos insumos y equipos de salud para combatir los efectos de la pandemia, el Banco Mundial decidió “ayudar” con 35 millones de dólares[4]. Y lo más alarmante de esto es que lejos de ser un préstamo sanitario, el mismo se encuentra caratulado por el mismo Banco Mundial en la categoría de “Desarrollo Humano y Género” (Nro de identificación: P173767)[5].
- ¿Pero por qué el préstamo está en la categoría de Género?
El Banco Mundial es una de las Agencias Especializadas de la ONU y, como tal, no es ajeno a sus políticas e ideología. Por ello, todo lo que se relacione con salud será interpelado por los “derechos sexuales y reproductivos”. De hecho, durante el pasado mes de marzo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) publicó un informe titulado “Covid-19: un enfoque de género. Proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover la igualdad de género”.[6]
En este informe, el UNFPA incluye dentro de sus recomendaciones que los Estados deben “asegurar particular atención a la salud y los derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia del COVID-19” ya que pueden verse afectados severamente, con el fin de tener “embarazos y partos sin riesgos”.
Teniendo en cuenta esto, es esperable pensar que una buena parte de los 35 millones de dólares pedidos al Banco Mundial serán destinados a garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en nuestras instituciones de salud durante la pandemia, incluyendo entre estos la interrupción “legal” del embarazo, siguiendo las recomendaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Por otra parte, no somos ingenuos y sabemos que no es la primera vez que se requiere la implementación de estas políticas por parte de organismos internacionales. Revisando los documentos del Banco Mundial, podemos encontrar uno del año 2003 titulado “Los límites de la ley. La salud reproductiva en la Argentina”. En éste, las editoras hacen un análisis de la situación de estos derechos en nuestro país, criticando las posturas natalistas, que sostienen la necesidad de que la población argentina crezca, e incluso proponiendo el reconocimiento institucional de los derechos sexuales y reproductivos, proponiendo incluso la legalización del aborto[7].
El año en el que fue publicado ese documento, nuestro país se encontraba fuertemente golpeado por la crisis del 2001. Esta situación fue aprovechada por los organismos internacionales para promover su ideología.
Alrededor del año 2005, con el apoyo económico del Banco Mundial, se dio inicio al “Plan Nacer”, un programa del Ministerio de Salud de la Nación que buscaba brindar atención médica a las mujeres embarazadas y niños menores de seis años sin obra social. Posteriormente, el plan fue ampliado con el “Programa Sumar”, dando como resultado una gran promoción del acceso a la salud de las poblaciones más vulnerables.[8] Sin querer desmerecer los buenos resultados que puede haber tenido este programa, también nos vemos en la obligación de reconocer que se trató también de un caballo de Troya.
Revisando los documentos del financiamiento del Banco Mundial al Plan Nacer, podemos observar que entre las “intervenciones” del programa se incluyen los asesoramientos sobre salud sexual y reproductiva y, a su vez, en los “indicadores y objetivos para recibir el pago” se incluye como un requisito para las provincias la atención en cuestiones de salud sexual y reproductiva.[9] En otras palabras: sin cumplimiento, no hay préstamo. Por esto, las provincias se vieron obligadas a ir cumpliendo la agenda de salud sexual y reproductiva impuesta por la ONU.
Recordemos que cuando cualquier organismo de la ONU habla sobre salud sexual y reproductiva, o planificación familiar, no se refieren solamente a la educación sexual y el acceso a anticonceptivos, sino que incluyen también el acceso al aborto.
- ¿Cómo se materializan estas políticas abortistas en nuestro país con la cuarentena?
A raíz de una publicación del CESAC N°5 de Villa Lugano, pudimos conocer una situación que ocurre actualmente en nuestra Patria. En plena cuarentena, el centro de Salud había publicado en su cuenta de Facebook que sólo atendería urgencias. Pero, mientras esas urgencias no incluían vacunación por falta de insumos, sí se tenía en especial consideración la prestación de abortos[10].
Esto es una constante en distintos CESAC de la Ciudad de Buenos Aires, como puede observarse en sus redes sociales, donde varios incluyen en su agenda de urgencias durante la emergencia la atención de la interrupción “legal” del embarazo.
Es tal la obsesión con el tema por parte de estos organismos internacionales que ni la pandemia del COVID-19 ha frenado su interés en que la práctica del aborto sea introducida en todos los países, especialmente en los “subdesarrollados”, como Argentina.
Antes de terminar, es importante resaltar que el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Banco Mundial no son los únicos órganos multilaterales que se encargan de promover el aborto y presionar a los países para que sea legalizado. Solo para dar un ejemplo, puede observarse como la legalización del aborto es uno de los puntos de la “Estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030” del CEPAL.[11]
Es lamentable que desde el Estado
se destinen gran cantidad de recursos para ello, los cuáles podrían ser
destinados para enfrentar la pandemia del COVID-19, pero ni la actual situación ha servido para frenar la obsesión de los
organismos internacionales y nuestros gobernantes por institucionalizar y
legalizar el descarte selectivo de personas en el vientre materno.
[1] Vale recordar que en 2018, este mismo organismo le había otorgado a la Argentina un préstamo por 200 millones de dólares, destinados a financiar políticas de género. Fuente: https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-bid-aprobo-financiamiento-por-us-200-millones-para-el-programa-de-apoyo-politicas-de
[2] El Fondo de Población de las Naciones Unidas (PNUD) es “la agencia de las Naciones Unidas líder en ofrecer un mundo en el que cada embarazo es deseado; cada nacimiento, seguro y el potencial de cada joven, desarrollado”. Fuente: https://www.un.org/es/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-other/
[3] http://www.aciamericas.coop/CR2008/conclusiones/expositores/CV/DanielArroyo.pdf
[4] https://www.infobae.com/economia/2020/04/02/coronavirus-en-argentina-el-banco-mundial-dara-un-prestamo-de-usd-35-millones-para-comprar-insumos-y-equipos-medicos/
[5] https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/project-detail/P173767#abstract
[6] https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_A_Gender_Lens_Guidance_Note.docx_en-US_es-MX.pdf
[7] http://documentos.bancomundial.org/curated/es/478071468742167083/pdf/364090Spanish.pdf
[8] https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/09/24/argentina-plan-nacer-resultados-concretos-para-la-madre-nino
[9] https://www.rbfhealth.org/sites/rbf/files/RBF_Country_ARGENTINA_final.pdf
[10] Aunque esta publicación fue borrada luego del escándalo que generó localmente, aún se conservan capturas de pantalla. Fuente: https://www.facebook.com/ubaderechoxlavida/photos/a.425357311310459/827031734476346/?type=3&theater
[11] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41011/1/S1700035_es.pdf